No sé si han visto el telediario de Telecinco de esta mediodía. Si no ha sido así, y a falta de mayores investigaciones por parte de la AEPD y quien corresponda, el tema es para alucinar; ya verán como me dan la razón. Lo que más me ha llamado la atención era lo “normal” que parecía que algo así hubiese sucedido, como si aquello no fuese realmente con nadie (el video no incluye algunas de las entrevistas realizadas). Les anticipio un párrafo de la noticia (que es de ayer):
“El equipo de ‘Reporteros’ de Informativos Telecinco ha localizado en las inmediaciones de los juzgados de violencia de género en Madrid seis bolsas con copias de expedientes en perfecto estado de denuncias de maltrato por parte de mujeres. Dichos documentos incluyen nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento.”
En fin, disfruten con el video e intenten calcular qué repercusión económica y reputacional, entre otras, podría tener para una empresa privada algo de semejante magnitud:
Incalculable.
Claro, como la Administración no va a multarse a sí misma…
Mientras los cargos públicos carezcan de las responsabilidades que los trabajadores de empresas privadas tenemos, seguiremos viendo “chapuzas” como esta. Sin embargo, yo creo que deberían dar ejemplo.
Un saludo.
Estoy de acuerdo, creo que manejar de esta manera tan ligera datos de tan alto nivel de privacidad y protegidos por la ley es algo extremadamente grave.
Debería contemplarse el supuesto de sanción disciplinaria a la entidad o persona responsable de realizar estos actos. Si es una persona, si es necesario retirarle su plaza de funcionarlo y mandarle al paro. Si eso fuera así, tendrían mucho más cuidado al manejar este tipo de información.
Probablemente si alguno de nuestros lectores es funcionario no le gustará un pelo esto que acabo de decir, pero estareis todos de acuerdo que no puede existir la impunidad que existe hoy en día para este tipo de acciones cuando el responsable es un organismo público.