La Ley Ómnibus…¿y?

El pasado día 26 la Unidad Central de Seguridad Privada (Cuerpo Nacional de Policía) hacía llegar una nota informativa acerca de las implicaciones de la conocida como Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) en el régimen de autorización, inspección y sanción en materia de Seguridad Privada.

El resumen de la situación es sencillo: hasta este momento, sólo las empresas de seguridad privada (esto es, las autorizadas por el Ministerio del Interior con arreglo al artículo 5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada) estaban capacitadas para la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; con la disposición que introduce la Ley Ómnibus, se liberaliza el servicio, permitiendo la venta, entrega, instalación y mantenimiento de los equipos o sistemas de seguridad a los que se hace referencia por parte de particulares o empresas distintas a las de Seguridad Privada, siempre que la instalación no implique una conexión a CRA o CECON, por lo que -con ciertas salvedades- ya no es necesario recurrir a empresas autorizadas por el Ministerio para la instalación o manejo de estos dispositivos (por ejemplo, en el caso de soluciones de videovigilancia), y por supuesto siempre que el prestador no se dedique a otras actividades de Seguridad Privada establecidas legalmente.

Las implicaciones de esta ley están generando muchos comentarios en el ámbito de la seguridad; de un lado, están las empresas de Seguridad Privada “clásicas” que ven cómo se liberaliza una parte de su nicho de mercado, hasta ahora fuertemente regulado y restringido a unos pocos, y por otra están las empresas de servicios que ven cómo se eliminan las barreras a ese negocio que hasta ahora tenían vetado. Como siempre, no ha llovido a gusto de todos, y cada uno defiende sus intereses como buenamente puede.

Más allá de apoyos y rechazos, de buenos y malos, de problemas y soluciones… en los que no voy a entrar esta vez (cada uno tiene sus razones y todas, hasta cierto punto, parecen razonables), y por supuesto más allá de las implicaciones -y lagunas- que esta Ley pueda introducir con respecto a otras (seguro que los compañeros de Consultoría van a preparar próximamente un post sobre la Ley Ómnibus y sus implicaciones en videovigilancia -por poner un ejemplo- en relación a la LOPD), para mí, la Ley Ómnibus no ha hecho más que poner el dedo en la llaga de un problema mucho más serio que muchos venimos señalando desde hace años: la necesaria remodelización al completo de la Ley de Seguridad Privada. Nos cansamos -todos- de decir que la seguridad ha cambiado mucho en los últimos años (11S, inteligencia, information sharing, terrorismo, convergencia…) y, sin embargo, en España la regulamos con una ley que está a punto de cumplir la mayoría de edad…

La LSP, bajo mi punto de vista, necesita no una disposición adicional sexta como la introducida por la Ley Ómnibus (y podemos discutir si es buena o mala), sino un lavado de cara completo, que defina nuevos roles en materia de Seguridad Privada (¿la hora del “auditor” junto al “inspector”? ¿la hora del “cibervigilante” junto al “vigilante”?), que marque nuevos requisitos de formación para el personal de seguridad privada (no es admisible, bajo ningún concepto, que el Director de Seguridad de una entidad financiera considere, como alguno me ha llegado a decir, que el phishing no es un problema de seguridad para él… imagino que porque no sabe combatirlo con una pistola) y que actualice las regulaciones, requisitos y demás que contempla la Ley -y por extensión, el Reglamento de Seguridad Privada- para trabajar en el ámbito de la seguridad.

Y es que, con todas los cambios que a diario surgen en el ámbito de la seguridad, creo que estas legislaciones son, cuanto menos, obsoletas; ojo, no hablo de eliminarlas, sino simplemente de adaptarlas, incluyendo una visión mucho más amplia de lo que es en la actualidad la Seguridad Privada y el rol que tiene en nuestra sociedad. Para ser Vigilante de Seguridad o Director de Seguridad Privada hacen falta unos requisitos perfectamente definidos por el Ministerio del Interior (seguramente mejorables, pero definidos). Para trabajar en otros ámbitos de la seguridad, como el de la seguridad de la información, no hace falta nada. ¿Quién puede hacer una auditoría de ISO 28000 o de ISO 27002? ¿Un ingeniero? ¿Un abogado? ¿Un CISA? ¿Todos? ¿Nadie? ¿Por qué para proteger un supermercado del robo de productos se exigen unos requisitos, y para proteger la información de un VIP no?

Hasta que no regulemos (o desregulemos, ¿por qué no?) de alguna forma estos aspectos -y si empezamos a regularlos, seguramente discutiremos, pero eso es bueno- seguiremos pegándonos por los detalles. Como los de la Ley Ómnibus.