El uso de cámaras de seguridad en lugares de pública concurrencia siempre ha despertado posiciones enfrentadas; mientras que una parte de la población está a favor de su uso, por el supuesto incremento en la seguridad ciudadana que proporcionan, otro porcentaje está completamente en contra, argumentando que las cámaras causan una pérdida de privacidad en sus vidas. Frente a esto, el hecho cierto es que en muchas calles de nuestros pueblos y ciudades, y cada vez con mayor frecuencia, se están instalando cámaras de videovigilancia.
¿Por qué se instalan cada vez más cámaras? Las cámaras de seguridad tienen dos objetivos básicos: por un lado, la disuasión (si alguien se siente vigilado, es menos probable que cometa un delito), y por otro, la recopilación de evidencias para demostrar la comisión de delitos, por ejemplo en un juicio. Con estos dos objetivos en la mente, y considerando los niveles de inseguridad ciudadana que existen en determinadas zonas, se motiva que en ellas se instalen cámaras, tratando así de incrementar la seguridad de viandantes y vecinos.
La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, regula la utilización de videocámaras por parte de las FFCCSE en lugares públicos, y deja muy claro que dichas cámaras deben utilizarse para asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y prevenir la comisión de delitos, entre otros; si alguien utiliza las grabaciones con cualquier objetivo menos ético —por ejemplo, vigilar a su pareja—, comete un delito y por tanto puede ser sancionado. Partiendo siempre de que su uso sea el correcto (como el uso de cualquier control de seguridad), personalmente estoy a favor de la utilización de las videocámaras, siempre y cuando se demuestre con datos objetivos que incrementan la seguridad ciudadana, bien porque se cometen menos delitos, bien porque se consigue identificar —y procesar— a quien los comete de una forma más rápida y sencilla gracias a las cámaras. Si una cámara no logra su objetivo, bajo mi punto de vista no tiene sentido mantenerla activa (con el coste que ello supone a los ciudadanos), ya que no está aportando nada a la sociedad y es preferible invertir esos recursos en otro tipo de controles.
Cuando se instala una cámara de videovigilancia, mucha gente cree que monitorizando dicha cámara hay de forma permanente personas listas para actuar en cuanto vean algo sospechoso; por supuesto, esto es falso: las grabaciones únicamente se visionan si se considera que puede haber existido delito (por ejemplo, si presentamos una denuncia), borrándolas en un plazo razonable en caso contrario, de forma similar a lo que se hace con las cámaras de seguridad de los bancos. Así, es raro que determinados delitos o faltas, como el menudeo o el hurto, puedan ser frenados gracias a videocámaras: por un lado, no se suelen denunciar -o al menos no con datos concretos que permitan hacer un seguimiento a través de grabaciones-, y por otro, quienes los cometen saben que no van a ser sancionados de forma considerable, por lo que las FFCCSE tampoco van a invertir grandes recursos en perseguirlos. Por tanto, estos delitos rara vez serán frenados de forma considerable con una cámara. En el otro extremo, delitos como el atraco, la violación, el vandalismo… sí que pueden ser por un lado prevenidos (recordemos el efecto disuasorio) y por otro perseguidos gracias a las cámaras de seguridad en las calles.
¿Y qué hay de mi privacidad? Estamos en la calle, se nos informa de que estamos en zonas videovigiladas, las grabaciones no se visionan salvo que exista un motivo justificado, el uso de las cámaras está perfectamente regulado… para mí, eso no es ninguna invasión relevante en mi privacidad, y si, como he dicho, las cámaras incrementan de forma efectiva la seguridad ciudadana, no tengo ningún problema en que se instalen (y si no la incrementan, que se quiten, pero principalmente por un tema de costes). Ojo, esto es una opinión, tan buena o mala como el resto, así que les invito a dejar la suya en los comentarios.
(Imagen por Christian Nold)